Sí, todo acto administrativo es susceptible de ser recurrido, en particular las sanciones, y muy especialmente cuando la sanción es injusta.

Durante la crisis generada por el COVID-19 todos nos hemos visto afectados, incluso los agentes de la autoridad que en el ejercicio de sus funciones se han visto en la necesidad de aplicar con carácter inmediato unas normas (digamos que poco claras) y que a mayor inri han tenido que ser aplicadas a las pocas horas de ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado.

En este punto es preciso advertir que una cosa es el texto de la norma y otra es la interpretación que de la misma se hace, siendo la interpretación de la norma una cuestión subjetiva, es decir, particular de cada individuo.

Por tanto, en la situación de estrés que todos hemos vivido, agentes de la autoridad incluidos, no es de extrañar que en el momento de denunciar el agente correspondiente no haya hecho una correcta interpretación de la norma, o su interpretación no coincida con la que después devenga la comúnmente admitida, o no haya tenido en cuenta todas las circunstancias concurrentes, que no haya podido verificar la existencia de una circunstancia exoneradora de la punibilidad de la conducta del denunciado, o incluso que haya incurrido en defectos de forma.

No son más que errores humanos, nerviosismo, excesos de celo u otras circunstancias que, indefectiblemente, comportarían la anulación de la sanción.

No dudamos que nos encontraremos con multitud de estos casos.